La foto del alcalde chileno Daniel Jadue, gobernante comunista de uno de los barrios más populares de Santiago, esposado, custodiado y sometido a prisión preventiva ha instalado en la agenda chilena el concepto de lawfare y una fuerte polarización a favor y en contra del edil en plena carrera para las elecciones municipales de octubre.
Un tribunal de Santiago decretó la semana pasada la medida cautelar más dura contra Jadue, una de las figuras de más peso dentro del Partido Comunista chileno (PC) y –bajo el argumento de que “su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”– se avino a la petición de la Fiscalía, que lo acusa de varios delitos de corrupción (fraude fiscal, administración desleal, estafa, cohecho y delito concursal) ocurridos en 2020 y vinculados a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) que él mismo presidió durante la pandemia.