La Audiencia Nacional ha dejado este viernes visto para sentencia el juicio a la excúpula de Caixanova, que se enfrenta a cuatro años de prisión por administración desleal continuada en una fallida operación inmobiliaria en Rivas Vaciamadrid (Madrid), la cual generó un perjuicio de 41,8 millones.
Tan sólo quien fuera director general adjunto Gregorio Gorriarán, al que la Fiscalía Anticorrupción responsabiliza de lleno del préstamo, ha ejercido su derecho a la última palabra, y ha afeado a la entidad por acceder sin "permiso, ni oral ni escrito" a sus dispositivos para obtener información que ha sido utilizada en uno de los peritajes de la acusación que obran en la causa.
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