Los responsables de Exteriores de la Unión Europea (UE) y de China, Josep Borrell y Wang Yi, chocaron hoy en Madrid sobre la cuestión de los derechos humanos y la situación en Hong Kong y la región china de Xinjiang, donde viven los musulmanes de la etnia uigur.

"Vamos a tratar todos los asuntos, incluso los que disgustan, los asuntos en los que no estamos siempre de acuerdo. Vamos a tratar, cómo no, comentar la situación en Hong Kong y Xinjiang", afirmó Borrell en una declaración conjunta con Wang.

Ambos hablaron, sin preguntas, tras su primera reunión después de que el político español accedió este mes al puesto de alto representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común.

El comité de empresa de Metro de Madrid ha convocado este lunes una concentración frente a los Juzgados de la Plaza de Castilla para exigir soluciones al "grave problema" del amianto en el suburbano madrileño.

Con esta acción acompañarán a los familiares y afectados por el amianto en Metro, que están citados a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid.

Actualmente son cuatro los casos de trabajadores de Metro de Madrid con una enfermedad profesional por exposición a fibras procedentes del amianto, de los cuales dos han fallecido, y uno más del colectivo de maquinistas que ha sido reconocido por la Seguridad Social por estar jubilado y no tener ningún vínculo con Metro de Madrid.

Esta vez Alaa Salah lleva libras de oro sudanesas como pendientes y no aquellos de luna llena que vestía en las manifestaciones en Jartum, cuando su canto a la revolución recorrió el mundo entero. La imagen de esta joven de 22 años encaramada a un coche, envuelta en la túnica blanca de las mujeres trabajadoras y antiguas reinas nubias, con el brazo en alto rodeada de una masa de teléfonos móviles, puso Sudán en el mapa de las noticias y la convirtió en símbolo del movimiento de protesta contra tres décadas de dictadura.

Alaa sonríe tranquila en una de las habitaciones de la Casa de América en Madrid, donde ha participado en una charla junto a la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por el Día de los Derechos Humanos.

La asunción de Alberto Fernández como presidente en Argentina significó el regreso del peronismo al poder. Un hecho que quedó en evidencia desde su investidura cargada de símbolos de rápida interpretación popular. Las primeras medidas anunciadas contienen la declaración de una emergencia económica, sanitaria y social: palabras que describen el escenario recibido y que encabezan leyes que otorgan más autonomía al poder ejecutivo para llevar adelante políticas urgentes. Iniciativas que serán acompañadas por una segura reestructuración de la deuda externa, que ya representa el 90% del PIB, como reconoció el nuevo ministro de Economía. La recategorización del área de Salud como Ministerio (rango que había perdido bajo el gobierno saliente) y la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, completan un paquete de propuestas de un gobierno que busca mostrarse atento a las demandas sociales.

Adif estudia un plan de despliegue de puntos de carga rápida de coches eléctricos por toda España para aprovechar la energía de frenado de los trenes que circulan por su red ferroviaria, a través de un sistema propio que lleva desarrollando casi una década, bautizado como "ferrolinera".

"Estamos diseñando el programa de negocio, pero no solo lo vamos a poner en nuestras zonas, en nuestro perímetro de actuación en las grandes ciudades", explicó hace unos días en la COP25 la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. El objetivo, dijo, es aprovechar "la capilaridad de nuestra red, tanto convencional como de alta velocidad". "Probablemente sean puntos de carga al servicio de las carreteras para fomentar el uso eléctrico".

Trinitario Casanova (Orihuela, 1964) es promotor, presidente del Grupo Baraka y últimamente está metido en los jaleos inmobiliarios más sonados: véanse la Plaza de España madrileña o la mastodóntica Operación Chamartín. En el sector suele decirse que opera al filo de la ley, que es un oportunista o un especialista en dar el pase, porque tiende a comprar y vender muy deprisa. En su equipo se molestan cuando alguien define sus compraventas como 'pelotazos', así que hemos preferido pedirle la definición a él. Habla seria y técnicamente sobre sus operaciones, insiste en la profesionalidad de su plantilla y se suelta cuando se le mencionan sus orígenes o aquellos negocios diversos en los que se ha metido, como la presidencia de un pequeño club de fútbol o un periódico gratuito en su ciudad.

En la cocina de la familia González Agudelo surgió una solución a sus necesidades económicas con la elaboración de natilla y galletas en época navideña, el cimiento de un emprendimiento que actualmente atiende a grandes empresas y a centros comerciales en Medellín (noroeste).

A sus 40 años, la administradora financiera Mónica Janeth González contó a Efe que perder su empleo en un banco la llevó a empezar en 2014 un negocio improvisado junto a su mamá.

"No había dinero para fin de año, así que empezamos a hacer natillas y a ofrecerlas a amigos y familiares", relató Mónica.

De esta forma se inició todo un proceso de aprendizaje entre las socias, pues la empresaria afirmó que la primera natilla "nos quedó muy dura por ponerle un coco natural" y les devolvieron la muestra, un primer revés que no menguó el deseo de progresar.

La nacionalización de la Distribuidora Nicaragüense de Petroleo S.A. (DNP), que dirige Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente del país, Daniel Ortega, y que acaba de ser sancionada por EE.UU., "es un robo al Estado" de Nicaragua, consideró este domingo un político opositor.

La denominada "Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense", presentada por Ortega con carácter urgente y aprobada por el Parlamento con los votos de los sandinistas y sus aliados, no establece el monto que pagará al Estado a DNP, advirtió el político y abogado opositor Eliseo Núñez.

Cuatro colombianos condenados a cadena perpetua en Catar por delitos relacionados con el narcotráfico volverán a su país después de que la Defensoría del Pueblo de Colombia acordara su transferencia con el Estado catarí.

La entidad señaló este domingo en su cuenta de Twitter que el acuerdo se logró después de una "acción humanitaria" liderada por el defensor del pueblo colombiano, Carlos Alfonso Negret, "con el concurso" del presidente del Comité de Derechos Humanos de Catar.

Como parte de ese trabajo, Negret "intercedió" ante las autoridades de ese país asiático "para aliviar el dolor de 4 familias colombianas que tienen familiares condenados a cadena perpetua en este país".

Tres candidatos, entre ellos el actual titular, Luis Almagro, aspiran a dirigir la Organización de Estados Americanos (OEA), que elegirá el próximo año a su secretario general en una América agitada por protestas y con Venezuela como un tema que divide la agenda común.

Hasta este domingo, cuando concluye el periodo oficial de presentación de candidaturas, aunque no hay impedimento para recibir postulaciones posteriormente, el abanico de aspirantes lo completaban el embajador de Perú en EE.UU., Hugo de Zela, y la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa.

UNA ELECCIÓN CON CANDIDATURAS INDIVIDUALES

La designación del nuevo secretario general está prevista para el 20 de marzo de 2020 en una Asamblea General, el foro político más importante de la organización y en el que participan los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba es integrante pero no participa desde 1962).