La UE tiene que prestar todo el apoyo militar a Ucrania para que gane la guerra a Rusia. Esa era la máxima con la que la mayoría de ministros de Exteriores llegaban a Bruselas este lunes por la mañana. Lo que planeaba detrás de las palabras era la presión sobre Alemania ante las reticencias del canciller, Olaf Scholz, a permitir que los tanques Leopard2 acaben en manos del ejército ucraniano por el temor a que produzca una escalada por parte de Vladímir Putin. Diez horas después, el alto representante de la UE, Josep Borrell, daba por hecho que el gobierno alemán dará las autorizaciones, en este caso a Polonia, que es país que más ha presionado.

Más sanciones a Irán ante la persistencia de la represión y el aumento de ejecuciones de manifestantes. Los ministros de Exteriores de la UE han acordado este lunes imponer sanciones a 18 personas y 19 entidades, entre los que se encuentran miembros del Gobierno y también de la Guardia Revolucionaria Islámica. No obstante, el alto representante, Josep Borrell, ya había advertido de que no tenían la pretensión de incluir a esa organización paramilitar que se encarga de proteger al régimen en el listado de organizaciones terroristas porque, según ha explicado, tiene que declararlo al menos un tribunal de un estado miembro.

El valle prealpino de Sägitalsee, en el cantón central suizo de Berna, registró la semana pasada una temperatura de 42,3 grados bajo cero, la más baja nunca antes medida en el país, ha informado la televisión nacional RTS.

El récord supera los 41,8 grados bajo cero registrados en 1987 en el valle de Brevina del cantón de Neuchatel (noroeste), considerada por ahora la temperatura más baja de la que se tienen datos en Suiza.

Sin embargo, el récord podría no ser homologado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con sede en Ginebra, ya que la medición no fue llevada a cabo por MeteoSuisse, la agencia nacional del sector, sino por un particular.

La guerra en Ucrania se acerca a una nueva fase que ha llevado a la mayoría de aliados a apostar por enviar el armamento ofensivo por el que clama Volodímir Zelenski. Por el momento, la UE planea desbloquear este lunes otros 500 millones de euros de la European Peace Facility (EPF), que es el fondo que se utiliza para la provisión de ayuda militar a Ucrania. Para ello, los ministros de Exteriores confían en sortear el veto de Hungría.

La guerra en Ucrania se acerca a una nueva fase que ha llevado a la mayoría de aliados a apostar por enviar el armamento ofensivo por el que clama Volodímir Zelenski. Por el momento, la UE ha desbloqueado este lunes otros 500 millones de euros de la European Peace Facility (EPF), que es el fondo que se utiliza para la provisión de ayuda militar a Ucrania, sorteando de nuevo el veto de Hungría. Con ese séptimo paquete, el total de ayuda de la UE para armamento alcanza los 3.600 millones de euros más los 7.500 que los estados han entregado por su parte.

Cerrar definitivamente un conflicto armado no es fácil, y menos uno de carácter interno como el que afecta a Etiopía desde el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro Abiy Ahmed ordenó una ofensiva de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (FDNE) contra el Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), como respuesta al ataque que sus combatientes realizaron contra una base militar federal ubicada en esa región septentrional del país. Sin embargo, tras la firma del cese de hostilidades alcanzada el pasado 2 de noviembre (Acuerdo de Pretoria), hay señales esperanzadoras, como la entrega de material militar pesado y la desmovilización por parte del FPLT.

Los pocos políticos de Estados Unidos que han querido impulsar su popularidad a través de vídeos en TikTok tendrán que buscar una nueva estrategia. El Gobierno acaba de vetar la instalación de la aplicación que mejor les ayudaba a conectar con los votantes más jóvenes en los móviles de todos los empleados federales, incluidos los legisladores. La decisión, firmada por Joe Biden en diciembre pero impulsada en los últimos meses de la presidencia de Trump, está considerada como el primer paso antes de prohibir totalmente la app china en EEUU, donde ya ha sido calificada por un senador como “el caballo de Troya del Partido Comunista Chino”.

El exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval habla sin tapujos de la profunda crisis institucional y política que atraviesa su país. "Es una dictadura disfrazada de democracia en la que no hay espacio para las voces disidentes", dice desde Washington, donde vive exiliado, al igual que otros muchos funcionarios de justicia que se vieron obligados a abandonar Guatemala por haber investigado en los últimos años casos de corrupción que involucran a las más altas esferas del poder.

Por eso no le sorprende que, hace una semana, la Fiscalía guatemalteca emprendiera acciones legales contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia, por presuntas irregularidades en el caso Odebrecht cuando estuvo al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2017.

A Lourdes Huanca se le encienden y enrojecen los ojos cuando le pregunto si está siendo amenazada. Lo está. Lleva meses siendo hostilizada por atreverse a levantar la voz. Está aquí para recoger solidaridad internacional para su pueblo. Los compañeros que le acompañan en Madrid no la dejan ni un segundo sola. Pero rápidamente sale de su congoja para señalar a los responsables de lo que está ocurriendo en el Perú. Nadie como ella para contárnoslo. Presidenta de la Federación de mujeres campesinas, artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), no solo puede explicar las imágenes de violencia policial que han estremecido al mundo: con más de 60 muertos y cientos de heridos por los que nadie en el Estado responde, ya no se puede hablar de democracia sino de dictadura cívico-militar, la de Dina Boluarte y el Congreso, que mostró su ánimo golpista desde el día en que un indígena llegó al poder.

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, ha dicho en Florida que la Corte Suprema le quitó en 2022 a las mujeres el "derecho fundamental constitucional" a decidir sobre sus propios cuerpos, pero el Gobierno del presidente Joe Biden lucha para garantizarlo y promover una ley que lo proteja.

"Nadie le puede decir a la gente lo que debe hacer con su propio cuerpo", ha subrayado Harris en un acto en Talahassee, la capital de Florida, con motivo de los 50 años del fallo de la Corte Suprema de EE.UU.