
El Gobierno modificará la Ley del Suelo para evitar que cualquier persona pueda recurrir un plan urbanístico, como sucedía hasta ahora. Por medio de la llamada "acción pública" —cuyos orígenes datan de la ley del suelo franquista de 1956— si alguien detecta una irregularidad o infracción urbanística puede llevarla a los tribunales sin necesidad de ser parte implicada, porque se considera que el urbanismo es una cuestión de interés común.
Mediante esta vía se han tumbado decenas de planes urbanísticos en España. Asociaciones o particulares detectan el defecto, lo recurren y si la justicia les da la razón el plan se anula por completo.

















