El Gobierno quiere aprobar este año una ley para evitar las anulaciones totales de un plan urbanístico cuando los tribunales declaran ilegal alguna de sus partes. Es decir, pretenden que se pueda subsanar un detalle concreto anulado por los jueces sin que se tenga que derogar en su totalidad el planeamiento y empezar desde cero.
El ministro del PP Íñigo de la Serna impulsó esta reforma para evitar casos como el que vivió como alcalde de Santander, cuando la Justicia anuló su plan urbanístico para la ciudad tras la denuncia de una organización ecologista por la insuficiencia de recursos hídricos para abastecer a la población.