El presidente de EEUU, Donald Trump, ha mandado un mensaje por teleconferencia a los 50 gobernadores del país en el que exigía una respuesta más agresiva contra los manifestantes, con detenciones y juicios incluidos, para "poner fin" a las protestas y disturbios desatados tras la muerte de George Floyd. 

El mandatario se quejó de que los gobernadores "no están haciendo uso" de los militares para reprimir las protesta, y llegó incluso a insultar a los políticos país. "Tenéis que dominar a los manifestantes, porque si no lo hacéis vais a perder el tiempo. Os van a arrollar y vosotros vais a parecer una panda de idiotas.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende llevar al Consejo de Ministros el proyecto de ley para evitar los falsos autónomos en plataformas digitales como Glovo y Deliveroo "antes de agosto", adelantan fuentes de su equipo a eldiario.es. La postura de Díaz sobre el trabajo en estas plataformas digitales de reparto está clara: los repartidores son trabajadores por cuenta ajena, no autónomos, como sostiene la Inspección de Trabajo y se han posicionado la mayoría de instancias judiciales, como el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Ministerio está elaborando la regulación que reconozca "la laboralidad de este colectivo, clarificando su relación con el Estatuto de los Trabajadores", explican en Trabajo.

La pobreza en España ha ocupado el primer plano de la agenda mediática y política estos días por el lanzamiento del ingreso mínimo vital. Situaciones de gran precariedad económica, que en algunos municipios y barrios de las ciudades y pueblos españoles inciden con especial dureza. La nueva renta estatal garantizará de media, con variaciones según el tipo de hogar, unos 5.120 euros anuales por persona (unidad de consumo). Es decir, 426 euros al mes. 

En una aproximación sobre a qué población se dirige el ingreso mínimo vital, mostramos el porcentaje de población en cada sección censal de España que ingresa menos de 5.000 euros por persona (contabilizado como unidad de consumo), según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Volkswagen, Uber, Mediaset, la papelera aragonesa Saica, el grupo Prisa o Enel y Acciona en su opa sobre Endesa. Son algunos de los clientes que ha tenido en su larga trayectoria en el despacho Cuatrecasas Cani Fernández, la prestigiosa jurista a la que, tras tres meses en Moncloa como asesora en Presidencia del Gobierno, el Consejo de Ministros prevé proponer este martes al Congreso como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Fernández fue fichada en febrero por Iván Redondo para asesorar al equipo más cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora, ha aceptado a sus 57 años el reto de encabezar la renovación de esta institución y poner fin a casi un año de interinidad en el pleno de un organismo clave para el funcionamiento de la economía española.

El viernes por la noche, tras una larga jornada de protestas en Washington DC, centenares de manifestantes se agolparon en las inmediaciones de la Casa Blanca. Gritaban contra el presidente y lanzaban algunos objetos. Los agentes del Servicio Secreto decidieron trasladar a Trump al búnker de la Casa Blanca, un refugio subterráneo utilizado en otras ocasiones de peligro, como los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El episodio ayuda a comprender mejor sus tuits del día siguiente: "Gran trabajo anoche del Servicio Secreto en la Casa Blanca. Yo estaba dentro, vi cada movimiento y no me pude sentir más seguro.

El uso de palillos es una tradición arraigada en la cultura gastronómica china, como lo es compartir raciones y servir a otras personas de la mesa utilizando los mismos palillos con los que uno come. Ahora, como consecuencia la pandemia del coronavirus, el Gobierno chino está impulsando una agresiva campaña para cambiar los hábitos de la población y reducir el riesgo de contagio. Se trata de que los chinos dejen de servir de platos comunes a platos individuales usando los mismos palillos que luego usan para comer, algo que es una tradición con más componentes que el puramente higiénico. Los medios estatales la denoniman "la revolución de la mesa del comedor".

La mecha se encendió hace una semana. El "no puedo respirar" de George Floyd, bajo la rodilla del policía que lo asfixió en Minneapolis el 25 de mayo, fue la chispa que avivó la llama. Desde entonces, se ha convertido en el grito de rabia y frustración que ha impulsado una ola de protestas en Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial contra las personas negras.

Esas tres palabras, I can't breathe, han ocupado pancartas, incluso mascarillas – en un momento en el que EEUU continúa lidiando con la pandemia de COVID-19 –, junto al célebre eslogan "Black lives matter" [las vidas negras importan] y consignas como "Justicia para George Floyd" en un estallido social que muchos comparan con el que se produjo en 1968, tras el asesinato del histórico líder afroamericano Martin Luther King.

Venezuela despertó este lunes de su sueño petrolero con largas filas de ciudadanos, todavía confusos, que querían pagar por la gasolina, un producto que escaseó durante semanas y que por primera vez tendrá un costo real por el que hasta el momento no se han registrado protestas tal y como se temía.

"Ustedes pueden imaginar el desbarajuste que se puede presentar de aquí en adelante. El sistema para mí no está completo y menos en un país petrolero como el nuestro", explicó a Efe Gerardo Zambrano, un usuario que se acercó a una estación de gasolina en Caracas para comprobar el funcionamiento.

Unos 90 centros comerciales abrieron sus puertas en Medellín, la ciudad colombiana que mejor manejo le ha dado a la pandemia, situación que contrasta con lo que ocurre en Bogotá donde la barriada más densamente poblada de la ciudad, Kennedy, fue cerrada desde este lunes para contener la expansión del coronavirus.

La reapertura de los centros comerciales coincide con el inicio del periodo de mayor flexibilidad de la cuarentena, vigente desde el 25 de marzo, y con lo cual el Gobierno colombiano busca darle aire a la economía del país, golpeada por una desaceleración del crecimiento y un desempleo que en abril ascendió hasta el 19,8 %.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) avaló este lunes la nueva propuesta de Argentina para reestructurar su deuda pública bajo ley extranjera por 66.238 millones de dólares y señaló que existe "un margen limitado" para que mejore la oferta a sus acreedores privados.

"El análisis del personal técnico demuestra que la propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades argentinas sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad", sostiene un informe publicado por el FMI en Washington.

El comunicado señala en tanto que "existe solo un margen limitado para incrementar pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la deuda estimados por el personal técnico del FMI".