La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconoce que nunca llegó a elaborar el estudio que anunció en septiembre de 2015 sobre los posibles "beneficios extraordinarios" y "ventajas competitivas" en el mercado de generación eléctrica. El informe finalmente no se llevó a cabo. "Quedó aparcado", confirman fuentes del 'súperregulador'.

El asunto de los llamados "beneficios caídos del cielo" está de plena actualidad. Con el precio de la energía disparado desde hace semanas en el mercado mayorista, junio amenaza con ser el mes con el recibo de la luz más caro de la historia, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva factura diseñada por la CNMC, que discrimina el consumo en las horas con más demanda.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido en un acto del Cercle d'Economia en Barcelona que los empresarios se unan para superar la "cultura de la temporalidad". España es el país con más trabajo temporal de la UE, pero además se ha vuelto cada vez más precario, con contratos ultracortos. Díaz ha insistido en la necesidad de un cambio legislativo para reducir la temporalidad, que ya negocia su Ministerio y que de momento no gusta a las patronales. Al lado del líder de CEOE, Antonio Garamendi, la ministra ha subrayado que "la cultura de precariedad y temporalidad está grabada a fuego en nuestro país" y ha llamado unirse a un pacto contra la precariedad.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha señalado este jueves en el Senado que el Gobierno analiza una posible bajada del IVA de la electricidad para paliar el fuerte encarecimiento de la energía en el mercado mayorista. “Estoy hablando del IVA”, ha dicho, sobre una “reducción posible, hipotética, del 21% al 10%”, de la fiscalidad de la factura, como "acción extraordinaria" mientras entran en funcionamiento las reformas estructurales que ha propuesto el Ejecutivo para abaratar el recibo.

Garzón, que hasta ahora se había mostrado en contra de esa rebaja del IVA como el resto de miembros del Gobierno, ha señalado que esa medida hay que "hacerla bien" para que no redunde "en beneficio" de las empresas.

Los gobernantes sandinistas de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han lanzado una ofensiva sin precedentes contra la oposición del país, arrestando a una serie de críticos prominentes en un aparente intento de aplastar cualquier desafío serio en las próximas elecciones de noviembre.

Seis figuras de la oposición fueron arrestadas el fin de semana, entre ellos exguerrilleros que gozan de una veneración popular y que protagonizaron la lucha junto a Ortega durante la campaña para derrocar al dictador Anastasio Somoza —apodado "Tachito", que sucedió a su padre Anastasio Somoza García y a su hermano Luis Somoza Debayle—  y que luego integraron y apoyaron el primer gobierno sandinista ejercido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional formada por Daniel Ortega, Sergio Ramírez y Moisés Hassan del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el empresario Alfonso Robledo Callejas y Violeta Chamorro como independientes.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves en una entrevista con la periodista Gemma Nierga en TVE que si la concesión de los indultos a los presos del procés lleva a que "las cosas se normalicen, pues bienvenido sea".

Garamendi ha argumentado que el indulto es una figura que está dentro del Estado de Derecho y, en un inicio, ha rechazado posicionarse por su puesto como líder de la CEOE. "Dentro de mi casa —represento a todos los empresarios de este país— hay gente que opina de una manera y otra.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves en una entrevista con la periodista Gemma Nierga en TVE que si la concesión de los indultos a los presos del procés lleva a que "las cosas se normalicen, pues bienvenido sea".

Garamendi ha argumentado que el indulto es una figura que está dentro del Estado de Derecho y, en un inicio, ha rechazado posicionarse por su puesto como líder de la CEOE. "Dentro de mi casa —represento a todos los empresarios de este país— hay gente que opina de una manera y otra.

¿Qué cabía esperar de una reunión en la que uno de los asistentes (Joe Biden) llama "asesino" a su interlocutor (Vladimir Putin) y este último replica que el Estado al que representa el primero es oficialmente un "país hostil"? Una reunión propuesta por el primero, diciendo que busca marcar las líneas rojas al segundo, y aceptada por este como un reconocimiento de que, como él mismo sueña, Rusia sigue siendo una superpotencia. Una reunión en la que las diferencias son mucho más acusadas que las coincidencias, pero que se explica, fundamentalmente, porque ambos necesitan definir una base común para gestionarlas, sin despeñarse en una deriva de la que ninguno saldría ganando.

El precio del suelo urbano —suelo definitivo, listo para construir— se desplomó en toda España en el primer trimestre de este año, llegando a su nivel más bajo desde 2004, momento en el que empieza la serie histórica. Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, el metro cuadrado se vendió a una media de 136 euros, frente a los 164 de 2020 y los 160 de 2019. La caída de precio se reparte por toda la geografía y es especialmente pronunciada en Zaragoza, Cuenca, Granada y Valladolid.

El número de consumidores domésticos acogidos a las denominadas "ofertas" de luz del mercado libre que publicitan las compañías eléctricas, más caro que la tarifa semirregulada del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), marcó otro récord en enero, tras el anterior pico de precios que acompañó a la ola de frío que siguió a la llegada de la borrasca Filomena. 

Según el último Boletín de Indicadores Eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado este miércoles, en enero había en el mercado libre 16,14 millones de clientes con hasta 10 kilovatios (kW) de potencia contratada, frente a los 10,69 millones de suministros acogidos al PVPC, un nuevo mínimo.

El pasado fin de semana, los líderes de las siete economías más avanzadas del mundo se reunieron en Cornualles (Inglaterra) bajo presión para actuar ahora ante la enorme desigualdad en la vacunación mundial contra la COVID-19. Pero, a pesar de las grandes declaraciones, los resultados de la cumbre del G7 han sido cuestionados por sus "pocos compromisos concretos, fuertes o profundos" en materia de salud.

Observadores de la reunión han criticado también que los dirigentes se quedaron muy cortos en cuanto a las donaciones de vacunas: prometieron compartir 870 millones de dosis con países de menos recursos, la mitad de ellas para finales de 2021 y el resto en 2022.