El Gobierno de coalición ha aprobado este miércoles un Real Decreto-Ley anti crisis con dos objetivos: evitar un rebrote de la inflación en los próximos meses y no saltarse el objetivo (y el compromiso con la UE) de dejar el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) en el 3% en 2024.

Con esta doble intención, el coste del último paquete de medidas contra la inflación se ha reducido a 5.300 millones de euros, según indican fuentes del Gobierno, repartidos, principalmente entre descuentos al transporte (cerca de 1.400 millones) y rebajas fiscales (alrededor 2.500 millones), desde los 15.000 millones de 2023 y los 22.000 de 2022.

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que para que las mujeres embarazadas reciban indemnización por un despido nulo debe acreditarse que sufrieron una discriminación por razón de su estado, dando respuesta a un caso referido a una trabajadora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cuyo recurso desestima.

La RFEF comunicó a la mujer su despido disciplinario, junto al de otros cinco trabajadores, alegando "disminución continuada y voluntaria del rendimiento normal en su puesto de trabajo". Fue entonces, en el mismo momento del despido, cuando la mujer informó a la Federación de que estaba embarazada.

Ante un momento de incertidumbre, un plan de recorte millonario. El gigante de la ropa y las prendas deportivas Nike ha anunciado que va a pegar un tijeretazo a sus gastos por valor de 2.000 millones de dólares. Es el equivalente a más de 1.800 millones de euros. Quiere ahorrar en un contexto donde vive una creciente competencia de marcas que hasta hace poco eran desconocidas pero que le han arañado cuota de mercado. Entre ellas, Hoka, On o Lululemon.

Nike ha reconocido este plan de reestructuración en su última presentación de resultados, donde mostró sus dudas sobre la evolución de la situación económica.

La negociación del último Real Decreto-Ley con medidas para aliviar el daño de la inflación ha vuelto a forzar las costuras ideológicas del Gobierno de coalición. Este miércoles, el Consejo de Ministros aprobará la prórroga de algunas de las medidas que caducan el 31 de diciembre, como la rebaja del IVA de los alimentos básicos o los bonos sociales para pagar la luz y la calefacción, y la retirada o la modificación de otras.

Sobre algunas medidas en concreto, como los descuentos al transporte público o los impuestos a los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca, se ha producido un intenso debate en las últimas horas, evidenciando las diferentes visiones sobre la política económica que existen dentro del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles para presentar el octavo Real Decreto-Ley anti crisis, que se ha aprobado en el último Consejo de Ministros del año y para hacer balance de 2023. El nuevo paquete prorroga la rebaja del IVA de los alimentos básicos hasta junio y los descuentos al transporte público durante todo 2024, mantiene el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas (aunque con exenciones en este último caso) y elevará el IVA de la luz progresivamente en los próximos 6 meses, desde el 5% en el que lo dejó en 2021, entre otras medidas.

EH Bildu ha anunciado un acuerdo con el Gobierno para incluir en el próximo decreto de ayudas anticrisis, que aprobará este miércoles en el Consejo de Ministros, la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2025.

La formación explica, a través de un comunicado, que "ha conseguido" que el Gobierno incluya "finalmente en el próximo de decreto de medidas sociales y económicas que se prohíban los desahucios de personas vulnerables hasta el 2025". También, que "EH Bildu había solicitado al Gobierno que se incluyese esta medida y tras la negociación y el acuerdo alcanzado será incluido en el decreto que será aprobado mañana, lo que permitirá seguir manteniendo el escudo frente a los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Repsol por posibles prácticas anticompetitivas, constitutivas de un "abuso de posición de dominio", en el mercado de la distribución mayorista de combustibles para automoción en España, según ha anunciado este martes.

En concreto, Competencia investiga a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Repsol Directo, Repsol Customer Centric, Solred, Campsa Estaciones de Servicio y Repsol, como grupo que está presente en toda la cadena de valor del proceso de producción y comercialización de combustibles para la automoción.

"Todo lo que hizo Luis de Guindos como ministro de Economía de España [de 2011 a 2018, durante los peores años de la crisis de financiera] fue con el objetivo de entrar en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE)", comenta un político que en aquellos tiempos compartió despachos con él, y que ahora prefiere guardar el anonimato. Los grandes hitos de De Guindos en los gobiernos de Mariano Rajoy fueron el diseño del rescate de las cajas de ahorro y la creación del 'banco malo', la Sareb.

Más de dos meses de retraso en el piloto de la semana laboral de cuatro días del Ministerio de Industria, que aún no ha echado a andar. El Gobierno anunció a mediados de mayo que se habían presentado 41 empresas interesadas y entonces se dio "un plazo máximo de 5 meses" para la evaluación de los proyectos presentados, que se cumplió el pasado octubre. A finales de diciembre, aún no ha terminado el proceso.

En estos días, cuando se conocía el primer estudio del piloto que está aplicando el Gobierno de Portugal, el proyecto en España anunciado en 2022 aún no ha comenzado.

Más de dos meses de retraso en el piloto de la semana laboral de cuatro días del Ministerio de Industria, que aún no ha echado a andar. El Gobierno anunció a mediados de mayo que se habían presentado 41 empresas interesadas y entonces se dio "un plazo máximo de 5 meses" para la evaluación de los proyectos presentados, que se cumplió el pasado octubre. A finales de diciembre, aún no ha terminado el proceso.

En estos días, cuando se conocía el primer estudio del piloto que está aplicando el Gobierno de Portugal, el proyecto en España anunciado en 2022 aún no ha comenzado.