La factura en asesores y otros trabajos de empresas externas para defender al Reino de España de las denuncias de inversores extranjeros por los recortes a las renovables del Gobierno de Mariano Rajoy supera ya los 40 millones de euros.
Así se desprende de los datos de más de 300 adjudicaciones del Instituto para la Diversificación para el Ahorro y el Energético (IDAE) recopiladas de la plataforma de contratación del Estado. El Ministerio para la Transición Ecológica (del que depende el IDAE) no facilita la cifra.