La Organización de Estados de Americanos (OEA) se dividió este martes entre aquellos países, liderados por Estados Unidos, que piden pasar página en la crisis en Bolivia, y los que reclaman al organismo una condena contundente al "golpe de Estado" que forzó la renuncia de Evo Morales.

La sesión extraordinaria convocada hoy por el organismo se convirtió en un cruce de reproches y declaraciones grandilocuentes, en los que los Estados reiteraron sus posiciones, pero no llegaron a aprobar ningún documento vinculante que exprese la postura mayoritaria del bloque hemisférico.

Al contrario, la división evitó llegar a acuerdos. Por un lado, 15 de los 34 países que son miembros activos de la OEA pidieron la convocatoria de elecciones en Bolivia "lo más pronto posible"; y, por otro lado, México, Uruguay y Nicaragua alertaron del peligroso precedente que puede suponer un "golpe de Estado" contra Morales.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró este martes que quien cometió un "golpe de Estado" en Bolivia fue Evo Morales, al que acusó de haber tratado de "robar" las elecciones del 20 de octubre.

"La sangre en la manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral, la OEA no dio un golpe de Estado, dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección declarando un triunfo en primera vuelta", afirmó Almagro en un Consejo Permanente de la OEA sobre Bolivia.

Estas declaraciones suponen un cambio de postura de Almagro, que hasta ahora había evitado criticar abiertamente a Morales por las elecciones y que había apoyado su derecho a la reelección, a pesar de que el líder indígena perdió en 2016 un referéndum para optar a un cuarto mandato, algo que finalmente logró hacer tras recibir el respaldo del Tribunal Constitucional de Bolivia.

La Asamblea Legislativa de El Salvador solicitó este martes una prórroga a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para discutir y emitir una ley de "reconciliación nacional" y evitar caer en desacato.

La iniciativa no alcanzó los votos necesarios para su aprobación y su envío a la referida sala en una primera votación, por lo que se realizó un segundo intento en el que logró el aval con los votos de 66 diputados de los 84 presentes en el Congreso.

La Comisión Política del órgano de Estado, formada por los principales líderes de los partidos con representación legislativa, propuso inicialmente solicitar cinco meses de prórroga, pero esta iniciativa únicamente alcanzó 30 votos, inferior a los 43 que se necesitan para tomar cualquier decisión.

Una llamada telefónica entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo estallar el escándalo que ha puesto en marcha el impeachment contra el mandatario estadounidense. Este miércoles empieza oficialmente el proceso con las primeras comparecencias públicas de actores clave de este episodio, pero muchos de ellos ya han desfilado a puerta cerrada por el Congreso en una fase previa ya concluida.

La semana pasada el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas, hizo públicas sus declaraciones. Los protagonistas colaterales de esta historia han trazado ante el Congreso una operación mucho más compleja que aquella breve conversación de julio que dio la voz de alarma.

Las disidencias de las FARC no son una guerrilla sino bandas criminales en expansión a las que no se podrá derrotar mientras tenga el apoyo del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según un informe publicado este martes en Bogotá por el centro de investigación del crimen organizado InSight Crime.

"En el corto plazo de este gobierno vemos una expansión lenta pero gradual de la exFARC mafia. No vemos la reconstrucción de un ejército guerrillero, pero sí vemos una federación criminal al tipo de los gaitanistas (herederos del paramilitarismo), al servicio del narcotráfico", afirmó Jeremy McDermott, director de la entidad.

La Asociación Madres de Abril (AMA) informó este martes que ha denunciado al Gobierno de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por "falta de acceso a la justicia" en casos de personas muertas en protestas antigubernamentales.

Las "Madres de Abril" denunciaron ante la CIDH "la falta de independencia del aparato judicial y de acceso a la justicia para sus hijos asesinados por el Gobierno de Nicaragua".

La denuncia fue presentada ante la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, durante el período de sesiones del organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Quito, Ecuador, detalló AMA.

Empecemos por el final (o por el final provisional de esta historia): durante las últimas horas de la noche del domingo, el líder cruceño Luis Fernando Camacho desfiló encima de un vehículo policial por las calles de La Paz, escoltado por policías amotinados y aupado por sectores de la población opositores a Evo Morales. Se escenificaba así una contrarrevolución cívica-policial que sacó del poder al presidente boliviano.

Morales se parapetó en su territorio, la región cocalera de El Chapare que lo vio nacer a la vida política y donde se refugió de los riesgos revanchistas. Es una parábola –al menos transitoria– en su vida política.

Un 70 por ciento de los alrededor de 110.000 presos recluidos en las cárceles y centros de detención provisional de Venezuela no tiene sentencia en firme, denunció este martes, en Quito, Carlos Nieto, de la organización "Una ventana a la Libertad".

Una cifra que reveló al abrir la segunda jornada de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este martes concluye su 174 período de sesiones en Quito.

DUALIDAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Para Nieto, "nunca en la historia de Venezuela se había vivido una situación penitenciaria tan grave", "con violaciones permanentes a los derechos humanos de todo tipo".

Cifró en alrededor de 110.000 las personas privadas de libertad, 8.000 de las cuales son mujeres, y anotó que a falta de datos oficiales, trabajan con informes de organizaciones sociales.

La Asamblea Legislativa de El Salvador está cerca de caer en desacato de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló una ley de amnistía de 1993, al no crear una ley en beneficio de las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad.

La referida sentencia, emitida en 2016, daba como plazo inicial el 13 de julio pasado, pero la misma sala amplió el período hasta el 13 de noviembre próximo para crear la legislación.

Wilfredo Medrano, miembro de Tutela Legal "María Julia Hernández", dijo a Efe que si el órgano Legislativo no cumple con el plazo "caerían en desacato" e indicó que se espera que los diputados soliciten "de última hora" una nueva prorroga para "quitarse ese peso de encima".

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) destacó este martes que los hechos que llevaron a la renuncia del presidente de Bolivia Evo Morales prefiguraron lo que es un "golpe de Estado".

El Parlatino señaló en una declaración pública que "reprueba la presión ejercida sobre el presidente Morales por parte de las Fuerzas Armadas para que renuncie, lo que configura una forma (de) golpe de Estado".

Desde su sede permanente en Panamá, el Parlatino señaló que, según las normas constitucionales del país andino, "es indispensable, como solución política de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática, que a la mayor brevedad se convoque a elecciones libres, secretas, informadas y observadas", para que el pueblo decida quién será el gobernante del país.