El expresidente del fabricante automovilístico alemán Audi Rupert Stadler ha sido condenado este martes en Alemania a un año y nueve meses de libertad condicional y al pago de una multa de 1,1 millones de euros en el juicio por la manipulación de emisiones en vehículos diésel.

La sala de lo penal económico de la Audiencia Territorial de Múnich ha declarado culpable de fraude a Stadler por haber detenido demasiado tarde la venta de automóviles diésel con valores de emisiones manipulados, según informaron los medios.

La sentencia establece que Stadler, exmiembro asimismo del consejo directivo del grupo Volkswagen (VW), matriz de Audi, deberá pagar la multa acordada de 1,1 millones de euros en parte a las arcas públicas y en parte a varias organizaciones benéficas.

Fue el primero. Y el único también. En enero de 2015, en plena crisis económica, con el país intervenido, con recortes decretados por la troika y los partidos tradicionales –Nueva Democracia y Pasok– castigados en las urnas por su papel en el hundimiento de la economía, Alexis Tsipras ganaba las elecciones.

El líder de Syriza se convertía en el primer dirigente a la izquierda de la socialdemocracia que se sentaba en el Consejo Europeo, y lo hacía con un discurso antiausteridad y en contra de la gestión de la crisis financiera dominada por las instituciones económicas internacionales que reclamaban sacrificios a cambio del rescate.

En estos meses previos a las elecciones del 23 de julio se sigue citando, a menudo como demérito de la labor del Gobierno, el retraso de la economía española en superar el nivel del PIB previo a la pandemia. Aquellos que presentan una imagen más positiva insisten, en cambio, en que la legislatura ha dejado más empresas, más empleo, menos temporalidad y mayor protección social. Sin embargo, este balance se hace antes de que el INE presente la revisión que hará en septiembre de los datos del PIB referidos a estos últimos años.

Hay un viejo refrán en Rusia que se ha visto confirmado en los últimos días. "Bombardear Vorónezh" significa pegarse un tiro en el pie con la intención de perjudicar a otro. Este ejemplo de humor negro pasó a estar basado en hechos reales cuando helicópteros rusos destruyeron el sábado un depósito de combustible en la ciudad de Vorónezh –de un millón de habitantes– para impedir que las tropas amotinadas de Wagner pudieran aprovecharse de su contenido en su marcha hacia Moscú.

Es una buena metáfora de los acontecimientos recientes en Rusia.

El primer gobierno de coalición desde la II República echa el cierre con la tarea pendiente de una reforma fiscal en profundidad. Sin embargo, deja en su haber el intento de poner sobre la mesa el debate de si, en momentos de crisis, se debe pedir un esfuerzo mayor a quienes más ganan. Con esa filosofía nacieron los tributos temporales a los bancos y las energéticas, dos de los sectores más beneficiados por la inflación, y a las grandes fortunas, en contraposición a la batalla territorial por bajar los impuestos a los ricos.

Para Carmen Claudín, investigadora sénior del think tank CIDOB de Barcelona, dada la opacidad y la falta de información fiable, una de las pocas certezas que deja la rebelión armada impulsada el sábado por el jefe del Grupo Wagner es que se trata de una muestra de la "debilidad" del poder de Vladímir Putin y consecuencia directa de la invasión de Ucrania. El tiempo dirá todo lo demás, incluidas las repercusiones tanto internas como en el campo de batalla, según explica en una entrevista con elDiario.es.

El Fondo Monterario Internacional (FMI) ha arengado al BCE a que siga subiendo los tipos de interés aunque destruya puestos de trabajo. Gita Gopinath, subdirectora gerente de la institución, ha abierto el encuentro anual de bancos centrales en Sintra (Portugal) insistiendo en que la política monetaria debe seguir endureciéndose "y luego permanecer en territorio restrictivo" hasta que la inflación subyacente (que excluye la energía de su cálculo) se encuentre en "una clara tendencia a la baja".

Gita Gopinath vuelve a ser la encargada de ofrecer la versión más dura del FMI.

Como en tantas otras ocasiones es más fácil determinar lo que no ha sido el pulso que acaban de sostener el jefe mercenario, Yevgueni Prigozhin, y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Al menos en principio no ha sido un golpe de Estado; no solamente porque pretender derribar a un presidente tan experimentado con un movimiento de tropas a más de 1.000 kilómetros del Kremlin está condenado de antemano al fracaso, salvo que eso hubiera provocado una movilización general de las fuerzas armadas rusas a favor de los amotinados. Tampoco ha sido el arranque de una guerra civil, entendiendo que no existen dos bandos mínimamente definidos, por mucho que desde aquí elucubremos sobre el peso real de la ciudadanía crítica que se atreve a desafiar el castigo de un régimen represor y de que haya militares descontentos con el desarrollo de la guerra en Ucrania y con sus altos mandos.

Una grabación de audio del expresidente de Estados Unidos Donald Trump pone en entredicho sus afirmaciones sobre los documentos clasificados que encontró el FBI en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach. En el audio, publicado primero por la cadena CNN, se escucha al exmandatario (2017-2021) hablar con varias personas, entre ellas miembros de su equipo, sobre un documento clasificado del Pentágono con información militar. Esto desmentiría sus afirmaciones previas de que había desclasificado previamente estos archivos.

En la grabación, de poco más de dos minutos, se escucha al republicano decir que podría haber desclasificado los documentos cuando estaba en la Casa Blanca, pero no lo hizo.

Tras meses, días y horas de negociaciones volcánicas, el gobernante Frente de Todos, rebautizado Unión por la Patria, oficializó este fin de semana la precandidatura presidencial del actual ministro de Economía, Sergio Massa: el líder mejor visto por los mercados y con mejores relaciones con Estados Unidos dentro de la coalición compuesta por el peronismo y otras formaciones progresistas y de izquierda.

La elección de Massa, junto a un precandidato a vicepresidente de centroizquierda designado a propuesta del presidente Alberto Fernández, pone en evidencia el declive de la influencia de Cristina Fernández de Kirchner, figura central de la política argentina y del peronismo desde 2003.